Cataluña: Marchas y cacerolazos por detención de independentistas
La decisión de la Audiencia Nacional de encarcelar a dos dirigentes de grupos independentistas catalanes, es sin duda un tiro por elevación hacia las autoridades catalanas, entre ellos el presidente de la Generalitat. Los detenidos fueron acusados del cargo de sedición debido a las manifestaciones que organizaron antes del controvertido referendo separatista del 20 y 21 de septiembre. El encarcelamiento de Jordi Sánchez, presidente de la asociación Asamblea Nacional Catalana, y de Jordi Cuixart, presidente de la organización Ómnium Cultural, generaron marchas de protestas y un cacerolazo. La jueza Carmen Lamela emitió su orden casi 12 horas después de que venciera el lunes el plazo para que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aclarara si había declarado la independencia de la región, aclaración que no se dio por ende el plazo para que el gobierno central pueda intervenir en la región autónoma se trasladó al jueves.
La jueza ordenó que Sánchez y Cuixart estén encarcelados mientras se investiga su papel en la organización de las movilizaciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona. La policía española arrestó a varios funcionarios catalanes y allanó oficinas esos días para impedir que se realizara el referendo independentista del 1 de octubre. En su fallo judicial del lunes, la jueza de la Audiencia Nacional dijo que Sánchez y Cuixart encabezaron las manifestaciones, desatendieron las recomendaciones de la policía de que preservaran la seguridad y contribuyeron a formar un cordón que obstaculizó las labores policiales, entre otras acciones. Si se les encausa, enjuicia y condena por sedición, podrían ser sentenciados a hasta 15 años de prisión.
Las acciones del jefe de la policía de Cataluña, el mayor Josep Lluís Trapero, y la intendente de la policía regional, Teresa Laplana, también son investigadas. Sin embargo, la jueza determinó que Trapero y Laplana permanezcan en libertad con restricciones, entre estas la revocación de sus pasaportes y la orden de que se presenten cada dos semanas ante la corte. Horas antes, Puigdemont y el presidente del gobierno español Mariano Rajoy intercambiaron cartas sin lograr avances para la solución del conflicto. El gobierno de Cataluña celebró el referendo pese a las advertencias del gobierno central español sobre su ilegalidad.
Con base en los resultados del referendo, Puigdemont hizo la semana pasada una ambigua declaración de independencia, pero señaló que no la haría efectiva de inmediato para dar paso al diálogo y la mediación.
En su respuesta al requerimiento del gobierno español de que manifestara explícitamente el lunes en la mañana si había declarado la independencia o no, Puigdemont optó por enviar una carta de cuatro páginas en la que propone un plazo de dos meses para las negociaciones y la mediación. “La prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo”, “Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta”.
Menos de dos horas después, Rajoy lamentó que Puigdemont no respondió lo que esperaba el gobierno central y señaló que tiene hasta el jueves en la mañana para cumplir con la ley.